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Viernes, 2 de diciembre de 2022. La  acogió ayer un debate, promovido por la Taula del Tercer Sector y DIPLOCAT, sobre la necesidad de repensar el modelo de atención a las personas.

La jornada se enmarcó en el ciclo de debates "Europa Social" y contó con expertos internacionales de instituciones sociales y sanitarias de la Comisión Europea, de Escocia y de los Países Bajos, así como con representantes del Gobierno catalán. El debate se centró en la atención integrada social y sanitaria, un modelo de atención a las personas que da una respuesta integral y coordinada desde el sistema social y sanitario y que se está trabajando en Cataluña. Actualmente, los Departamentos de Derechos Sociales y Salud están diseñando la futura Agencia Integral Social y Sanitaria, un órgano que debe mejorar la atención a las personas, especialmente aquellas que tienen unas necesidades más complejas, como por ejemplo, las personas mayores, con discapacidad o con problemáticas de salud mental.

Joan-Andreu Rocha Scarpetta, decano de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés-URL, abrió el acto explicando que el objetivo fundacional de la Facultad es “formar profesionales que tengan mirada abierta sobre temas de futuro, como la atención integrada sociosanitària”, y por eso acoge jornadas como la que tuvo lugar ayer.

Por su parte, Aina Plaza, directora general de Planificación en Salud de la Generalitat de Cataluya, contextualizó el debate: "Todo este proceso es una palanca de cambio para repensar y diseñar el sistema con la prioridad que la persona pueda decidir cómo y donde quiere vivir. Por eso, la apuesta es por la prevención, la intervención comunitaria y los apoyos para una atención domiciliaria." La atención integrada social y sanitaria es una prioridad para la Unión Europea, que recientemente ha presentado el European Care Strategy, cuyo objetivo es garantizar unos servicios de atención a las personas de calidad, asequibles y accesibles y mejorar la situación tanto de las personas que reciben estos soportes como de las personas que las atienden, sean profesionales o cuidadores informales.

"Es una prioridad porque todo el mundo recibe cuidados y todo el mundo tendrá que cuidar algún momento. Preocupa que crecen las necesidades y que hay necesidades que no son atendidas. Hay una falta de servicios de cuidados a largo plazo, una falta de estándares de calidad comunes, desigualdades territoriales y una infravaloración del trabajo de los profesionales” apuntó Susanna Ulinski, responsable técnica de la Dirección General de Empleo, Asuntos sociales e Inclusión de la Comisión Europea, que repasó los datos que dan una idea clara del alcance de este desafío: el número de personas que potencialmente necesitan atención a largo plazo en la Unión Europea es de 30,8 millones y se prevé que en 2050 aumente en más de 7 millones de personas hasta alcanzar los 38,1 millones. En la UE, hay 52 millones de personas que están proveyendo de forma informal estos cuidados a largo plazo, se calcula que se necesitarán 1,6 millones de cuidadores a largo plazo para mantener el nivel actual de cuidados y 7,7 millones de mujeres se están quedando excluidas del mercado laboral para hacerse cargo de estos cuidados, según datos del European Care Strategy (septiembre de 2022).

"Es una prioridad porque cada vez tenemos una sociedad más empobrecida y desigual, más envejecida y con unos hogares más presionados laboralmente, lo que dificulta las tareas de los cuidados familiares, que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres. Y todo ello con personas que tienen más necesidades de apoyo y durante un período de tiempo más largo porque las situaciones de dependencia, cronicidad y discapacidad son más frecuentes y complejas", apuntó Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

La secretaria general de DIPLOCAT, Laura Foraster, también dirigió unas palabras de bienvenida diciendo que "estos actos permiten llevar a Cataluña cuestiones sociales que nos preocupan como europeos y que sitúan a las personas en el centro del debate". También recordó que el plan de acción de derechos sociales presentado el pasado año por la Comisión Europea, tras una extensa consulta a autoridades estatales, regionales y locales, interlocutores sociales y sociedad civil, establece que "una Europa social fuerte, justa, inclusiva y con oportunidades para todo el mundo debe basarse en las personas y en su bienestar".

En la mesa redonda se escucharon las experiencias de Cataluña, Escocia y los Países Bajos. Estos dos últimos países cuentan con un modelo de atención a las personas que integra ambos sistemas, el social y el sanitario. "Esta transformación sólo puede construirse a partir de la confianza entre quien recibe estos servicios y quien los da. Necesitamos profesionales sociales y sanitarios, pero también una alianza con la comunidad, con el tercer sector social y el voluntariado" aseguró Anne Hendry, directora de la Fundación Internacional para la Atención Integrada en Escocia. La confianza, como elemento indispensable en la vertebración de esta integración social y sanitaria, también fue destacada por Mirella Minkman, presidenta de la junta directiva de Vilans (Centro Nacional de Experiencia en Cuidados de larga duración en los Países Bajos): " Los valores y la confianza son una pieza clave. No sólo es importante establecer conexiones y objetivos comunes sino también conocer qué piensa cada actor (persona u organización) y tener en cuenta esta diversidad en la toma de decisiones”.

El modelo de gobernanza fue una cuestión muy debatida entre los ponentes catalanes, que precisamente están implicados en el diseño de la Agencia Integrada Social y Sanitaria. "Estamos trabajando con todos los actores implicados, no sólo los Departamentos [Salud y Derechos Sociales] sino también los gobiernos locales. Tenemos que organizar esta gobernanza en un ámbito macro, pero contando también con una versión territorial", destacó Joan Carles Contel, técnico de Atención Integrada de la Dirección General de Planificación e Investigación en Salud del Departament de Salut. "Este modelo de gobernanza macro deberá adaptarse a la realidad de cada territorio cuyas necesidades sabemos que no son idénticas", añadió Anna Vila, técnica de la Dirección General de Autonomía Personal y Discapacidad del Departamento Derechos Sociales, que también remarcó el trabajo que se está haciendo de conocimiento entre los profesionales de ambos sistemas. "Si no nos conocemos, no podremos trabajar juntos y eso es imprescindible para que funcione".